RESPONSABILIDAD CONTAGIO SANITARIOS CORONAVIRUS

(Responsabilidad contagio sanitarios coronavirus). ¿Sobre quién recae la responsabilidad del contagio de nuestros médicos y enfermeras?. Veamos el asunto con perspectiva en el tiempo, desde el punto de vista que en su día tuvo la propia fiscalía sobre el contagio de una sanitaria por ÉBOLA en Madrid. Esta perspectiva nos va a servir para atisbar cuál es el camino que podría seguir la fiscalía en la denuncia de médicos y sanitarios por la propia responsabilidad por contagio de coronavirus.

Qué ocurrió en el caso de contagio de ÉBOLA:

El objeto de aquel procedimiento judicial fue determinar si el contagio de Dª Teresa Romero y la exposición a riesgo del resto de trabajadores que asistieron a ésta y a los 2 sacerdotes repatriados, supouso un delito contra los derechos de los trabajadores de los artículos 316 a 318 del Código Penal, al haber existido infracción de normas de prevención de riesgos laborales y puesto en peligro grave la vida o salud de los trabajadores. 

Es decir, si los profesionales sanitarios que prestaron asistencia médica a los enfermos de ébola, estuvieron expuestos en el desempeño de su trabajo a un riesgo o peligro grave para su vida o salud, y si se les facilitó por parte de los responsables del Hospital los medios necesarios para desempeñar su trabajo en condiciones de seguridad y si esta forma de trabajar supuso infracción de alguna norma de prevención de riesgos con relevancia penal. 

El art. 316 del CP castiga a los que “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”. Dentro de este marco general, el régimen penal de protección alcanza a la seguridad en el trabajo, entendido como la ausencia de riesgos para la vida y la salud del trabajador. 

El sujeto activo, los legalmente obligados, ocupan una posición semejante a la de garante, y al respecto debemos recordar que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales -Ley 31/95 de 8 de noviembre – en su art. 14.2 impone al empresario un deber de protección frente a los trabajadores para garantizar su seguridad y la salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo en términos inequívocos «… el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio…”. 

Para que se entienda cometido este delito es necesaria «…la infracción de normas de prevención de riesgos laborales…», pero no bastaría cualquier infracción administrativa para dar vida al tipo penal, porque esta exige en adecuado nexo de causalidad que la norma de seguridad infringida debe poner en «peligro grave la vida, salud o integridad física» la que nos envía a infracciones graves de la normativa laboral que lleven consigo tal creación de grave riesgo». 

Desde esta perspectiva, el objeto de los artículos 316 y 317 del Código penal es evitar los riesgos que se producen como consecuencia del trabajo que se desarrolla por cuenta ajena, la seguridad en el trabajo vinculada a la vida, la salud y la integridad física de los 7 de 21 trabajadores. 

En primer lugar es de indicar con carácter previo, que la infracción de normas de prevención de riesgos laborales viene determinada por las Actas de la Inspección de Trabajo, instrumento fundamental para conocer la norma de prevención infringida. 

En ellas se analizan las circunstancias y causas de un determinado accidente laboral y se concluye si ha existido infracción administrativa de normas de prevención de riesgos laborales, requisito necesario para que podamos trasladar dicha infracción al ámbito penal y determinar si dicha infracción administrativa puede ser constitutiva de delito. 

En el ámbito penal debemos de analizar si las conclusiones de la Inspección son merecedoras de reproche penal o no, una vez analizada el conjunto de la instrucción. 

No podemos caer en el automatismo de trasladar al Derecho Penal criterios de imputación objetiva que lleve a presentar escritos de acusación sin fundamentarse en el dolo o culpa de los investigados. 

El delito es mucho más, exige la existencia de una infracción administrativa, y además que concurra dolo en el delito del 316 o imprudencia grave en el delito del 317. 

Es necesario además que el sujeto legalmente obligado tenga el dominio del hecho, la obligación de controlar la fuente de peligro. Ha de tener conocimiento de la situación de riesgo y capacidad de actuar. 

En el presente caso, se analizó, por parte de la fiscalía,  si por parte de la Dirección del Hospital Carlos III y de los responsables de seguridad y salud, se adoptaron las medidas de seguridad necesarias para evitar el contagio de Teresa Romero y el peligro al que estuvieron expuestos el resto de los trabajadores. 

Tras un desarrollo, la fiscalía, llegó a las siguientes: 

CONCLUSIONES: 

Sin llegar a desconocer las dificultades existentes, ante una enfermedad desconocida, de difícil curación, y en un Hospital que aunque fue habilitado como centro de referencia, determinó que ante estas circunstancias del traslado urgente e imprevisto de enfermos, los responsables del Hospital se vieran abocados, a abordar las soluciones a una situación imprevista, que afortunadamente concluyó con un único contagio. 

No se pone en duda por parte de la Inspección que no se adoptara ninguna medida de protección , al contrario se reconoce que a tiempo real se fueron adaptando protocolos. 

Es de destacar la encomiable labor que efectuaron, tanto los trabajadores que asistieron a los enfermos como la Dirección Médica y Gerencia del Hospital; así ha sido reconocido en numerosos organismos y revistas sobre la materia, según los trabajadores que declararon en el procedimiento, las deficiencias las iban solucionando eficazmente a medida que las ponían de manifiesto. 

No negamos que la decisión de repatriar a los enfermos, fue la que provocó la necesidad de su asistencia, pero dicha decisión no correspondió a ningún responsable del Hospital. 

Tampoco pudieron controlar que las obras que estaban previstas en el hospital Gómez Ulla , el cual debió ser el que recibiera a los enfermos , cuyas instalaciones eran a todas luces más seguras , estuviera concluido para el ingreso de los enfermos… 

Fueron aplicados protocolos de actuación, en un total de 6, con anexos que fueron incorporando medidas de mejora , los equipos de protección individual cumplían con las exigencias de seguridad necesarias, contaban con protocolos de otras enfermedades infecciosas, se siguieron las indicaciones de la OMS, y organismos nacionales e internacionales sobre la materia, se impartieron sesiones informativas, con formación teórica y práctica, que aunque desde un punto de vista administrativo pueda ser determinante de los requerimientos efectuados por la Inspección de Trabajo, no consideramos que tengan entidad penal. 

Consideró en aquel  momento, el Ministerio Fiscal que se actuó por parte de la Gerencia y Dirección médica del Hospital lo mejor que pudieron, con los medios de los que se disponían y en la situación de emergencia en la que se produjo la repatriación de los sacerdotes contagiados de ébola. 

Finalmente, para saber sobre la viabilidad de la propia responsabilidad por contagio sanitarios por coronavirus, habrá que responder a las anteriores cuestiones para ver, si la acción penal, toma un camino u otro.

En primer lugar deberán practicarse diligencias, pero todo hace pensar que pueden todas las actuales reclamaciones tomar otro camino distinto al sobreseimiento, es decir, parece que pueden prosperar. Veamos

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