Reclamación indemnización contagio ᐕ CORONAVIRUS

RECLAMACIÓN INDEMNIZACIÓN CONTAGIO CORONAVIRUS

Según las noticias que van apareciendo cada día, parece ser que la gestión que el ejecutivo está realizando respecto de la pandemia del CORONAVIRUS, parece que empieza a ser mucho más, que muy cuestionable. Ya han sido apresuradas las primeras diligencias previas penales, por un delito de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, en lo que a la corrección de las autorizaciones para que se celebraran las manifestaciones del 8M se refieren. Seguramente, y en relación a los EPIS, irán apareciendo nuevas denuncias contra el gobierno por DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA, u otros relacionados con contagios masivos de la población.

En base a las anteriores, no son pocas las voces autorizadas que empiezan a plantear la posibilidad que, infectados y familiares de fallecidos por el CORONAVIRUS pudieran plantear ante los Juzgados y tribunales, reclamaciones personales o colectivas en RECLAMACIÓN INDEMNIZACIÓN CONTAGIO CORONAVIRUS.

A fin de ilustrar a nuestros lectores sobre cual es el camino que se ha de seguir para plantear la correcta RECLAMACIÓN INDEMNIZACIÓN CONTAGIO CORONAVIRUS, les vamos a comentar en primer lugar, cuales son los requisitos para plantear una RECLAMACIÓN INDEMNIZACIÓN CONTAGIO CORONAVIRUS.

REQUISITOS PARA RECLAMACIÓN INDEMNIZACIÓN CONTAGIO CORONAVIRUS.

Funcionamiento normal o anormal de un servicio público

Relación de causalidad

Daño efectivo

La responsabilidad patrimonial de la Administración viene establecida por el art. 106.2 de nuestra Constitución Española, a cuyo tenor: «Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.«.

La regulación legal de esta responsabilidad está contenida en la actualidad en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJyPAC), y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, disposiciones que son plenamente aplicables al presente caso, dada la fecha de presentación de la reclamación. Y digo “en la actualidad”, porque está tramitándose en las Cortes el Proyecto de una nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que supondrá la derogación tanto de la Ley 30/1992 como del RD 429/1993. Esta nueva norma prevé regular el procedimiento de responsabilidad patrimonial como una simple especialidad del procedimiento administrativo común.

Pues bien, el art. 139 de la citada LRJyPAC dispone, en sus apdos. 1 y 2 , lo siguiente:

«1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas«.

Hay miles de supuestos que pueden hacer surgir la responsabilidad de la Administración Pública; seguramente todos conocemos a personas que han sufrido caídas en la vía pública por aceras mal asfaltadas, errores médicos en Hospitales Públicos o, por ejemplo, daños ocasionados por un deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia.

Lo primero que debemos indicar es la imposibilidad de acudir directamente a los Tribunales, pues se exige ineludiblemente agotar una vía administrativa previa y, solo si esta fracasara, podríamos recabar la tutela judicial (por cierto, de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa).

Dicho esto, ahora debemos dar algunas notas sobre la forma de realizar dicha reclamación administrativa previa:

–Plazo. El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas (arts. 142.5 LRJyPAC y 4.2 RD 429/1993).

–Contenido. La reclamación deberá cumplir con los requisitos formales de todo escrito dirigido a la Administración Pública –art. 70 LRJyPAC- (identificación y firma del interesado o su representante, domicilio o medio de notificaciones, órgano administrativo al que se dirige, lugar y fecha de la solicitud); además de esos requisitos comunes a toda instancia dirigida a una Administración Pública, en la reclamación de responsabilidad patrimonial se deberá especificar las lesiones producidas, la relación de causalidad entre estas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante (art. 6.1 RD 429/1993).

Sobre este contenido específico, destaca la exigencia de concretar la evaluación económica; es decir, el interesado, siempre que sea posible, deberá cuantificar ya lo que reclama a la Administración.

– Resolución: Una vez recibida la reclamación y tramitado el expediente (con solicitud de informes y práctica de prueba, en su caso, y audiencia al interesado), el órgano administrativo competente deberá dictar resolución en la que se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cálculo.

– La vía judicial frente a la desestimación expresa: Si la Administración dictara resolución denegando la indemnización solicitada (total o parcialmente) dicha resolución sí abriría la posibilidad de acudir a la vía judicial.

– La vía judicial frente a la falta de resolución: en el caso de reclamaciones de responsabilidad patrimonial, la falta de respuesta de la Administración tiene efectos desestimatorios; estaríamos ante el comúnmente conocido como “silencio administrativo negativo”.

El plazo que tiene la Administración para pronunciarse sobre nuestra reclamación es, por regla general, de seis meses (salvo que se hubiera acordado y notificado su ampliación por motivo justificado). Así pues, transcurrido dicho lapso temporal sin que hayamos obtenido una respuesta del órgano ante el que reclamábamos, deberíamos entender desestimada la solicitud, en cuyo caso, también se abriría la vía judicial, si bien en esta ocasión la acción judicial se dirigiría contra el “acto presunto” consistente en la desestimación por silencio.

A medida que vayan pasando los días, iremos pudiendo concretar, en función de las noticias que vayan llegando a nuestra redacción, si continúan apareciendo señales que nos indiquen que efectivamente la actitud de nuestros dirigentes ha sido, negligente, como para que sea aceptable, legalmente hablando, una RECLAMACIÓN INDEMNIZACIÓN CONTAGIO CORONAVIRUS.

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