Coronavirus reclamación contra el Estado

CORONAVIRUS RECLAMACIÓN CONTRA EL ESTADO

La salud pública, viene protegida, esencialmente, desde el punto de vista que hoy nos ocupa, en nuestra constitución, artículo 43, legislación administrativa y en el código penal. Cualquier actuación en contra de la misma, al margen de consecuencias de carácter administrativo, pueden acarrear responsabilidad de carácter penal, sin duda.

Pero, ¿Cual es el concepto de salud pública?. El concepto de salud pública responde a la necesidad social de disfrutar de unas condiciones mínimas de salubridad e higiene que garanticen, por un lado, ciertos mínimos para la salud de cada persona y, por otra contribuyan al bienestar general de toda la colectividad.

El derecho penal adelanta la barrera de protección sancionando conductas que ponen en peligro la salud pública, antes de que se produzcan resultados dañosos. ¿Son las actuaciones de nuestros gobernantes de ser susceptibles, de ser enmarcadas como PELIGROSAS CONTRA LA SALUD PÚBLICA con la pandemia del CORONAVIRUS?. Es esa una cuestión que a lo largo de los próximos días / semanas, iremos viendo, y concretando documentalmente, para poder responder con precisión a la anterior cuestión.

La relevancia de la salud pública dimana de la propia Constitución en cuyo artículo 43 CE se reconoce el «derecho a la protección de la salud», añadiendo que «compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública». En este punto, nos asalta otra cuestión: ¿HA SIDO VULNERADA POR EL ESTADO EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS ESPAÑOLES?. Es esa una cuestión que a lo largo de los próximos días / semanas, iremos viendo, y concretando documentalmente, para poder responder con precisión a la anterior cuestión.

La salud pública colectiva constituye un bien jurídico independiente de la propia e individual de cada sujeto, se configura como un conjunto de condiciones positivas y negativas que posibilitan el bienestar general de la colectividad, garantizando unas condiciones mínimas de salubridad e higiene, obedeciendo así al mandato constitucional. Por eso la salud pública alcanza un nivel autónomo de protección penal.

Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo 1701/2000, de 7 de noviembre, da una definición muy interesante para el ámbito penal, en que nos encontramos: «la salud pública, como tal, no constituye una entidad real de naturaleza biológica, sino una manera verbal de señalar un peligro no permitido dentro del orden social».

La protección penal queda reservada en este ámbito para las infracciones más graves contra la salud pública, por el principio de la mínima intervención y de subsidiariedad frente a otras ramas del ordenamiento. ¿La supuesta gravedad en la desatención de nuestros dirigentes, llega al alcance de ser considerado grave, como para merecer reproche penal?. A lo largo de los próximos días / semanas, iremos viendo, y concretando documentalmente, para poder responder con precisión a la anterior cuestión. (Coronavirus reclamación contra el Estado).

No obstante y debido a la relevancia del bien jurídico protegido esto no impide la aplicación de tipos delictivos de peligro abstracto en los que la sanción se adelanta a la producción de resultados que, en esta materia, podrían llegar a ser catastróficos de esperar a su materialización.

Conocido ya el concepto de salud pública, debemos pasar a concretar, si efectivamente, podría caber una RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN por el contagio masivo de CORONAVIRUS.

Creemos que puede ser interesante, tomar en consideración, situaciones análogas.

Desde un punto de vista de derecho administrativo; El artículo 141 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, al tratar de la indemnización, dispone que «Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provinientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo de con la Ley». (Coronavirus reclamación contra el Estado).

Dicho esto, El mismo artículo 141 de la Ley de referencia establece que «No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos».  (Coronavirus reclamación contra el Estado).

La causación de daños derivados de hechos o circunstancias que no se hubieran podido evitar o prever por falta de conocimientos técnicos o científicos al momento de producirse es, para el legislador, un supuesto de fuerza mayor. (Coronavirus reclamación contra el Estado).

Así lo avanza la Exposición de Motivos de la Ley de reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas cuando dice que en materia de responsabilidad patrimonial se introducen algunas modificaciones importantes: «en el artículo 141 se matizan los supuestos de fuerza mayor que no dan lugar a responsabilidad». El legislador ha querido establecer mediante esta norma, si no coto, sí un límite a las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración, cuya proyección práctica se plasma en el ámbito de la sanidad.

En este estado de las cosas, la cuestión a plantearse, sería: ¿Se ha podido prever o evitar el avance en los contagios del CORONAVIRUS?. Con el paso de los días, quizás de las semanas, tendremos más informaciones que nos permita AVALAR UNA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL CONTRA LA ADMINISTRACIÓN, POR CONTAGIO MASIVO POR CORONAVIRUS.

Desde un punto de vista penal, La salud pública colectiva como objeto de protección por el Derecho penal, diferenciada de la propia e individual de cada sujeto, surge a partir del desarrollo de la conciencia social de la necesidad de disfrutar de unas condiciones mínimas de salubridad e higiene que permitan, por un lado, garantizar ciertos mínimos para la salud de cada persona y, por otro, incrementar el grado de bienestar del colectivo humano.

Por ello, la salud pública alcanza un nivel autónomo de protección penal al ser funcional para la salud individual de cada uno de los miembros de la comunidad. Reconocida la relevancia de este concepto en la Constitución, la salud pública tiene un tratamiento transversal en todo el ordenamiento jurídico que, en el caso del Derecho penal, queda reducido a los casos más graves de atentado contra la misma bajo el principio de la mínima intervención y de subsidiariedad frente a otras ramas del ordenamiento. ¿La supuesta gravedad en la desatención de nuestros dirigentes, llega al alcance de ser considerado grave, como para merecer reproche penal?. A lo largo de los próximos días / semanas, iremos viendo, y concretando documentalmente, para poder responder con precisión a la anterior cuestión. (Coronavirus reclamación contra el Estado).

Esta reserva, no obstante y debido a la naturaleza del bien jurídico protegido, no impide la utilización generalizada de tipos de peligro cuya sanción se adelanta a la producción de resultados que, en esta materia, podrían llegar a ser catastróficos de esperar a su materialización.

Las respuestas en estos momentos, son difíciles, por falta aún de suficiente información. Como venimos diciendo, en los próximos días, podremos iros informando un poco más al respecto de la viabilidad de posibles reclamaciones, bien en vía administrativa, bien en vía penal, por daños derivados de la INFECCIÓN MASIVA POR CORONAVIRUS. (Coronavirus reclamación contra el Estado).  

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